Podemos seguir leyendo noticias malas, muy malas (y mal escritas, en muchos casos). La crisis ya dejó de ser financiera para ser económica. En este momento sólo hay dos preguntas relevantes:
- por qué pasó todo esto.
- cómo se evita que todo esto vuelva a pasar.
Por qué pasó, es algo que muchos ya ven bien claro. El problema es que disienten. No se va a caer el capitalismo, ni tampoco van a cobrar preeminencia otras potencias. Aún quien no sienta simpatía por los EEUU debería guardar un poco de aprensión antes de festejar que China o Rusia tomen un lugar prevalente. Pero muchos pueden coincidir en que los derivados son la principal causa de todo el desmadre (algunos personalizan y le tiran piedras al señor de las turbulencias). Mi humilde opinión es coincidente con lo que leí en un librito de John Eatwell y Lance Taylor, publicado hace ocho años, donde se preguntan si los mercados de derivados crearon nuevos riesgos, y especialmente sistémicos. Bueno, hoy tenemos una buena respuesta a esa pregunta.
Sobre la solución... Hay algunos que hablan de intervención del Estado. Tienen razón. El problema es acerca de la calidad de esa intervención, y qué medidas tienen concretamente en mente. Dudo que los más vociferantes sean los más prudentes. En este caso, como en todo tema regulatorio, la prudencia no es melindre ni tibieza: una mala regulación puede generar riesgos aun peores. Y una regulación ciegamente restrictiva puede, paradójicamente, crear aun más riesgo.
Aquí los abogados deberán cumplir un rol secundario pero no por ello menos importante: pasar a lenguaje y texto legal las nuevas medidas sin dejar flancos expuestos. Una mala regulación puede tener efectos económicos nocivos, pero también pueden generar responsabilidad del Estado. Pienso en la forma en que el Estado va a gestionar los bancos que se nacionalicen, o en los esquemas regulatorios que regirán a las entidades encargadas de administrar los monstruosos presupuestos de rescate. Los abogados de Paulson, por decir, van a tener un cliente muy rentable.
Pero, en todo caso, lo más importante es recordar una máxima que sale clarita del libro de Eatwell y Taylor: un regulador nunca debe permitir una operatoria que el propio regulador no entiende. Y meterse en la cabeza que el riesgo, por más que se diversifique, siempre sigue allí.
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Sobre la solución... Hay algunos que hablan de intervención del Estado. Tienen razón. El problema es acerca de la calidad de esa intervención, y qué medidas tienen concretamente en mente. Dudo que los más vociferantes sean los más prudentes. En este caso, como en todo tema regulatorio, la prudencia no es melindre ni tibieza: una mala regulación puede generar riesgos aun peores. Y una regulación ciegamente restrictiva puede, paradójicamente, crear aun más riesgo.
Aquí los abogados deberán cumplir un rol secundario pero no por ello menos importante: pasar a lenguaje y texto legal las nuevas medidas sin dejar flancos expuestos. Una mala regulación puede tener efectos económicos nocivos, pero también pueden generar responsabilidad del Estado. Pienso en la forma en que el Estado va a gestionar los bancos que se nacionalicen, o en los esquemas regulatorios que regirán a las entidades encargadas de administrar los monstruosos presupuestos de rescate. Los abogados de Paulson, por decir, van a tener un cliente muy rentable.
Pero, en todo caso, lo más importante es recordar una máxima que sale clarita del libro de Eatwell y Taylor: un regulador nunca debe permitir una operatoria que el propio regulador no entiende. Y meterse en la cabeza que el riesgo, por más que se diversifique, siempre sigue allí.
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