"¡Quién sabe si todas estas cosas no son disparatadas! Pero mire usted, doctor: las cosas importantes dependen regularmente del hecho de tomarlas en serio." Robert Musil, El hombre sin atributos

lunes, julio 21, 2008

125, 180 y ... ¿ahora?

O yo debo volver al primer año de la carrera de derecho, o Zannini es el Vélez Sarsfield del siglo XXI. Permítanme dudarlo. Aunque lo necesario, hoy mismo, es que alguien salga a explicar que quiere decir "limítase la vigencia" de una norma. ¿Qué es esto? ¿Una derogación light? ¿Un amague para ver si la contra se lo come?

Luego de los considerandos bochornosos del decreto 1176 -sin antecedentes en la prosa rutinaria y mecánica de la burocracia nacional- salió esta resolución timorata, que apenas se anima a expresar el "permiso" que le dió la superioridad.

Pero yendo a lo más relevante, y asumiendo que estamos frente a una derogación sui generis... El problema jurídico más espinoso que ya ha sido planteado por el Abuelo en este post es el de los efectos que tuvo esta derogación con respecto a las operaciones realizadas durante la vigencia de la resolución 125. Ya han habido señales que apuntan a que muchos productores y las entidades pretenderían reclamar todo lo dejado de cobrar entre el diez de marzo y hoy.

La pregunta es la siguiente: ¿son discutibles judicialmente los derechos de exportación pagados sobre las operaciones realizadas entre el ser y la nada de la 125?

Más allá de que la 125 y las resoluciones modificatorias de ella hayan sido más o menos derogadas, los problemas de inconstitucionalidad no han quedado resueltos, tanto como no lo habrían quedado aún si la resolución era ratificada por ley. Todos los actos realizados bajo la vigencia del sistema de retenciones móviles -las determinaciones de los derechos respectivos-, siguen estando sujetos al control de constitucionalidad de los tribunales.

Estos planteos de inconstitucionalidad podrían ser planteados por un contribuyente que pruebe un perjuicio a sus derechos constitucionales. En este caso, su planteo podrá tener dos orientaciones: discutir la ilegitimidad de la resolución de origen por su carácter tributario, o plantear la confiscatoriedad de una alícuota dada para una operación concreta y en relación con su particular situación patrimonial. Ambas orientaciones no son mutuamente excluyentes.

Un planteo semejante corre con una suerte complicada, pero el punto más delicado será determinar quién puede exigir la repetición de los derechos pagados -lo que en jerga llamamos la legitimación activa-.

Formalmente, no son los productores ni los intermediarios los exportadores de los productos. El acopio y los trámites de exportación trámites los realiza un oligopolio de empresas exportadoras. Dado que todo cambio en el precio de exportación lo deben trasladar a los precios que pagan en el mercado interno para adquirir los granos, el productor o intermediario que les vende no resulta contribuyente ante la Aduana. Con este argumento, correctito para un criterio bien limitado pero problemático para el que quiera pensar seriamente las cosas, se han rechazado algunas demandas ya resueltas. Creo que esto no es un argumento válido para negar la legitimidad a un productor o agrupación de ellos, al menos en este caso.

La carga de un impuesto sobre el precio de exportación ya fue explicado mucho mejor en otros lugares. Para lo jurídicamente relevante, sostener que es el "exportador" el que paga un tributo parece correcto desde un punto de vista burocrático, pero desde un punto de vista económico -el real- no lo es. El exportador es un intermediario entre una oferta y una demanda, que no produce el bien que exporta. Decir que no es él quien soporta la carga final del impuesto es lo mismo que decir que tampoco se ve realmente afectado por el derecho de exportación.

La prueba sobre el "empobrecimiento" del contribuyente que va a solicitar una repetición de un tributo debería fundarse, entonces, no en el hecho jurídico del pago sino en la carga real del tributo, que pesa indudablemente sobre el productor. Esta prueba deberá rendirse, por una interpretación prudente de una norma de la ley de procedimientos fiscales (el último párrafo del art. 81, ley 11.683), y a mi juicio puede incluso incluir un informe técnico de un economista. Cuestiones procesales aparte, la introducción de elementos de técnica económica en la demanda de repetición es esencial para que la acción no sea rechazada por argumentos laterales.

Ahora, ¿tiene una probabilidad de éxito razonable esta acción? Y aquí la cuestión se hace casi impredecible. La justicia de primera y segunda instancia, bajo la competencia del Consejo de la Magistratura, está en una situación complicada. Pero si una demanda se realiza por montos que superen los 727.000 pesos, la causa podrá llegar a la Corte Suprema por vía de recurso ordinario. De ese modo, un pronunciamiento de la Corte sería ineludible por cuestiones formales, ya que la discusión de un monto superior en un juicio contra el Estado debe ser entendido por apelación ordinaria, es decir, sin requisitos especiales ni extraordinarios.

Muy seguramente, al igual que los casos del Riachuelo y del conflicto con los jubilados, el poder político vuelva a demostrar su incapacidad para resolver la cuestión y esto también quede en manos de la Corte.

4 comentarios:

Gustavo Arballo dijo...

Coincido en que es un bochorno usar los considerandos de un decreto para una prosa de solicitada.

La pregunta que me hago es, ¿cuántas operaciones se realizaron bajo la vigencia de la 125?

Uno creería que muy pocas, todos trancaron las ventas con la expectativa de que se derogue o que se reduzca la alícuota. Con lo que la pregunta es virtual, si nadie "operó" (vendió) nadie puede ir a juicio.

Ulrich dijo...

Hubo operaciones, no sé los montos. Acordate que en realidad hubo una tregua en el paro agropecuario. Creo que fue a fines de abril o en mayo, que duró una semana más o menos. Que alguien que se acuerde mejor me corrija. Esos días se llenaron las rutas de camiones.

Claro que no en los montos en los que el gobierno hizo propaganda... ya que tomaban números brutos y contaban desde enero hasta julio!

Abuelo Económico dijo...

Habrá que estar atento a la presentación que eventualmente realice alguna entidad de productores.

Respecto de las ventas, Gustavo, en este post http://abueloeconomico.blogspot.com/2008/06/se-comercializa-o-no.html señalé que en los períodos de paro casi no llegaron camiones a puerto (no se vendió nada o muy poco), sin embargo, en los períodos intermedios de protesta pero no de paro el comercio fue bastante normal (cumpliendo compromisos tomados con anterioridad a la 125). De hecho, ello queda demostrado por las toneladas efectivamente vendidas en el período entre el 12 de marzo y el viernes pasado (ver el post que citó Ulrich).

Ulrich, vuelvo a agradecerte la explicación y rápida lectura.

Saludos
A.E.

juan dijo...

Ulrich, tengo dos preguntas que quizás sean bastante bestias, pero soy muy lego en el asunto.

1)Si la corte decretar inconstitucionales las retenciones, en función de su origen (se trata de un tributo que no salió del congreso)¿Eso no tendría consecuencias sobre otros decretos anteriores que modificarona alícuotas? Al fin y al cabo, las de Peirano, Micelli y Lavagna tampoco pasaron por el Congreso. Ni la eliminación de las retenciones por Menem, ni... ¿Hasta donde habría que retrotraerse para encontrar alícuotas surgidas del Congreso?

2)Si, como señalás, se computara el arancel de exportación como un impuesto al productor, ¿Este criterio no sería viable también para un productor extranjero cuyos productos importa la Argentina? ¿No podría un industrial extranjero denunciar al Estado por aranceles confiscatorios?

desde ya gracias
Saludos